C_dPaz | 01 JUN 2021
El pasado 12 de mayo el Partido Socialista (PSOE) presentó una proposición de Ley Orgániza para reformar el artículo 172 del Código Penal, con la finalidad de calificar como "coacciones" las actividades de los ciudadanos provida frente a los centros de aborto. La pena propuesta es de 1 a 3 años de cárcel o de trabajos en beneifcio de la comunidad de 31 a 80 días. La propuesta también contempla el alejamiento del centro abortista entre seis y tres años. Además, las penas también se extenderían a aquellas personas que "promuevan" o "favorezcan" las concentraciones en las proximidades de los abortorios. Esta es la respuesta del PSOE a la histórica reivindicación de la patronal de centros de aborto, quien asegura que la actuación informativa de los provida es de "acoso".
¿Cuál es la postura del Gobierno frente a la maternidad?
Según el mapa de la maternidad correspondiente al año 2020, elaborado por la Fundación Red Madre, 9 de cada 10 embarazadas en situación de vulnerabilidad continúan en la gestación si reciben ayuda. Así, la Fundación pone el foco en la inversión que hace el Ejecutivo, quien destina 35.000.000 euros al aborto, frente a los 2.770.302 euros en ayudas a la maternidad, lo que supone una ayuda media de 5,96 euros al año por mujer embarazada. Además, tan solo siete de las 17 comunidades autónomas conceden ayudas a las embarazadas: Galicia, Asturias, La Rioja, Cataluña, Islas Baleares, Madrid y Andalucía.
La plataforma Ambulancia Vida está impulsando una camapaña para recoger firmas y solicitar a los portavoces parlamentarios el voto en contra de esta medida que vulnera, según exponen en su web, el derecho a la libertad de expresión y manifestación, así como el derecho de la madre a conocer la realidad del aborto.
Puedes firmar la solicitud en el siguiente enlace: https://ambulanciavida.com
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