martes, 30 de julio de 2019

Baecelona Madrid contaminación

En la lista que esta mañana ha revisado la Comisión Europea y que oficialmente se aprueba mañana, figura la denuncia al Tribunal de Justicia contra España por infracción a la directiva de la calidad del aire en estas tres zonas, según indican fuentes europeas. Se refieren a las ciudades de Madrid, y Barcelona, y también a la denominada Zona del Vallès-Baix Llobregat, que incluye municipios como El Prat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Martorell, Cerdanyola, Terrassa, Sabadell y Granollers, entre otros.
Preocupa la contaminación por el óxido de nitrógeno NO2, provocada en gran parte por el tráfico automovilístico, y que supera todos los niveles permitidos en las ciudades de Madrid, Barcelona y también el Área Metropolitana de Barcelona. En este caso, uno de los municipios que preocupa a los servicios de la Comisión Europea es el del Prat de Llobregat
Ha sido la polémica sobre Madrid Central la que ha hecho a la Comisión Europea replantearse la moratoria que de facto España tenía concedida. En 2018, Bruselas ya denunció a seis países al tribunal por incumplimiento de estas normativas europeas, pero España se salvó en el último minuto ante las nuevas promesas de acción efectuadas por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Ahora, a raíz de los planteamientos de revertir el plan Madrid Central, las alarmas saltaron en Bruselas, se reactivó el caso, y el pasado 9 de julio, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, reclamó a la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, que las administraciones españolas adopten medidas adicionales para combatir la polución
La ministra envió cartas al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en las que pide su colaboración y aumentar el nivel de compromiso. Pero, este paso no ha sido considerado suficiente por Bruselas, que ha seguido adelante con el procedimiento sancionador.
Desde el mismo momento en que envió la carta de aviso, Bruselas mostró que tenía prisa. Sólo dos días después de formalizar su advertencia, fuentes comunitarias ya indicaron la probabilidad de que la denuncia se formalizara de forma inmediata, esta misma semana. La respuesta de las autoridades españolas no ha parado el golpe
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