Parar de crecer la ocupaciónde vibiendas

La ocupación ilegal de viviendas crece un 58% en cinco años

El número de ocupaciones ilegales conocidas por los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ascendió a 12.214 en 2018: un promedio de 33 casos diarios. La cifra ha ido en aumento en los últimos años, pues en 2013, primer año con datos disponibles, las denuncias recibidas por la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos policiales autonómicos y locales fueron 7.739, lo que revela un incremento cercano al 58% desde entonces, según datos del Ministerio del Interior conocidos por este diario.

La provincia más afectada es Barcelona, que con un total de 17.465 casos durante los últimos seis años, presenta una tasa de 66,09 denuncias por cada 10.000 viviendas. Le siguen Tarragona (52,8), Gerona (49,19) y Sevilla (41,82).
El director del área de sostenibilidad del Instituto Cerdá, Miguel Hernández Moreno, considera que estos hechos se deben «posiblemente a la existencia de más pisos vacíos en estas provincias y, por lo tanto, potencialmente ocupables»
Por su parte, el responsable de Garón Abogados, Luis Enrique García, afirma que el boom inmobiliario y la crisis económica han influido en el volumen de ocupaciones: «Hay muchos inmuebles de nueva construcción que están deshabitados, lo que facilita su ocupación y además convierte a estas zonas en puntos calientes».
A raíz de la aprobación de la Ley 5/2018 el pasado 3 de julio, con la que se pretendía facilitar el desalojo de los ocupas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a recopilar estadísticamente los datos de ocupación ilegal de viviendas que terminan llegando a los juzgados. Entre el 1 julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 se contabilizaron 3.594 casos. Toledo, Islas Baleares, Barcelona y Granada son, teniendo en cuenta la proporción de situaciones de ocupación judicializadas por número de viviendas, las provincias más afectadas.
ras una ocupación, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. La nueva normativa aprobada en julio de 2018, permite que, cuando el procedimiento es civil, no sea necesario identificar a quienes ocupan el inmueble, lo que ha agilizado el proceso.
A través de este procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento (abogado y procurador), así como los daños y perjuicios que se hayan producido. Contra la sentencia no cabe recurso.
Por otro lado, cuando el hecho se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación u ocupación, «el procedimiento suele ser más lento», explica García. Las penas por estos delitos varían según se haya empleado violencia o intimidación para ocupar la vivienda y los condenados enfrentan entre uno y dos años de prisión.
«En Garón Abogados tardamos una media de cuatro a cinco meses en recuperar el inmueble. Depende siempre del juzgado que conozca el caso, y de que los ocupas no ofrezcan resistencia en cuanto a la presentación de documentación», explica García.
Del total de procesos ingresados en los juzgados civiles desde la reforma legislativa algo más de la mitad, el 57%, ya se han resuelto. El resto, 1.554 procesos, se encuentran todavía en trámite.
Aunque se desconoce el número de viviendas ocupadas ilegalmente en España, el Instituto Cerdá estima que son cerca de 100.000. Hernández sostiene que la crisis económica, la falta de parque de vivienda social, la evolución de los precios del alquiler y los bajos salarios han llevado a que se den más casos de ocupación en España. «A medio plazo resultaría necesario ampliar el parque de vivienda social y asequible de alquiler en el país, poniéndonos a los niveles existentes en otros países europeos, para poder dar solución a aquellas personas que no pueden acceder a la vivienda en condiciones de mercado», opina Hernández.
Las cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística reflejan un descenso del alquiler social en España, pasando del 2,7% de viviendas disponibles en 2018 frente al 3,5% de 2005. Mientras tanto, Países Bajos se ubica en un 30%, Austria en el 24%, Dinamarca en el 21%, Reino Unido y Francia en el 17% y Finlandia en el 13%.
Las fuentes consultadas coinciden que los casos más comunes son los de ocupaciones de personas en situaciones vulnerables que acuden a las mafias de ocupas para conseguir vivienda.
La técnica de investigación y profesora de sociología en la UNED Lara Alba cuenta que en el distrito de Villaverde, en Madrid, hay mafias que cobran entre 200 y 300 euros por entregar una llave en un piso ocupa: «Existe toda una red de extorsión en la que se cobra por las llaves del portal, por los servicios públicos y en otros casos se engaña con contratos fraudulentos de alquileres muy baratos».
Alba, que realizó un estudio sobre la problemática en el distrito de Villaverde, afirma que no hay un perfil general de quienes ocupan ilegalmente las viviendas, sino que afecta a todas las generaciones. Pero sí tienen algo en común: «Son personas de bajos recursos, algunos no han tenido acceso a una hipoteca o a un alquiler y otros han enfrentado un desahucio y no han contado redes familiares o de apoyo», explica.
Por su parte, Hernández sostiene que los pisos más «codiciados» para ocupar son los que pertenecen a entidades bancarias, fondos de inversión y a parques públicos de alquiler. Las ocupaciones de viviendas particulares, aunque son las más mediáticas, «son muchas menos», apunta. Revista pronto